Claudia Dides, Socióloga.

Magíster en Estudios de Género y Cultura, Universidad de Chile

 

 

En días recientes el país se ha visto sorprendido ante la noticia de que la incidencia del VIH SIDA se ha duplicado en 2017 en relación a 2010, afectando especialmente al grupo de 15 a 25 años de edad y se estima que hay unas 40.000 que viven con el virus sin saberlo. Esas cifras no pueden sorprendernos. Son el resultado de años de descuido y de predominio de las visiones religiosamente integristas y conservadoras en nuestra sociedad, que lograron que los servicios de salud dejaran de preocuparse del tema. Desde el programa JOCAS de los años 90, que fue terminado prematuramente por las presiones de la Iglesia Católica, no ha habido, en realidad, programas sistemáticos y sostenidos de educación sexual laica. La disponibilidad de condones es restringida y el acceso es limitado. No hay expendio gratuito de preservativos en los colegios, universidades, institutos, lugares públicos, salvo unas  pocas excepciones.

Esta no es una responsabilidad del actual Gobierno, respecto al  cual no es sorprendente que vean estos temas con su mirada conservadora. Ha sido en realidad responsabilidad de todos los gobiernos anteriores en democracia.

En la primera mitad de los 2000 hubo algunos esfuerzos de inversión a través del Fondo Global de ONUSIDA, que sin embargo terminó en escándalo por el uso fraudulento del mismo por parte de quienes lo administraban. No obstante, las estrategias de prevención que se llevaron a cabo desde el Estado fueron débiles, erráticas y esporádicas, llevadas a cabo sin compromiso ni convicción de estar frente a un serio problema de salud pública, además de enfrentar el cuestionamiento permanente de presiones religiosas a través de los medios de comunicación que controla la derecha. Un ejemplo de ello ha sido la incapacidad impresionante de enseñar a usar el condón, situación que muestra lo pacato y cínico de las elites de nuestro país.

Frente a la pregunta si estamos en riesgo, por supuesto que la respuesta es un sí, no solamente por los indicadores que nos señalan que estamos dentro de los 10 países en el planeta donde ha aumentado el VIH según nuevo informe de Naciones Unidas, sino también por la falta de voluntad política permanente de los sectores conservadores e integristas de las elites dominantes que van desde la izquierda a la derecha, incapaces de tomar medidas tan vitales como la educación sexual con un enfoque de derechos desde la temprana edad y durante todo el ciclo vital.

Tras esta desidia colectiva se esconde, sin embargo, un problema más de fondo, más estructural que caracteriza a Chile en diferentes esferas de nuestra vida como sociedad en los últimos cuarenta años. Esa salud pública que fue ejemplo para América Latina y el mundo en los años 30, ha dejado de existir, arrollada por el predominio del concepto neoliberal de considerar la salud como un bien de mercado y no como un derecho, que también llegó a permear las políticas de la Concertación y hasta de la Nueva Mayoría, que a través de sus gobiernos sólo han hecho ajustes menores a las políticas públicas, sin cambiar el modelo neoliberal y toda la arquitectura que lo sustenta.  Junto con ello quedó atrás el Estado laico y la separación entre Estado e Iglesia, que ha pasado a ser meramente formal, ya que todos los gobiernos desde los 90 en adelante han rendido pleitesía a la Iglesia Católica, inclinándose ante sus presiones integristas. Incluso hoy, cuando las escandalosas revelaciones de los masivos y universales abusos de sacerdotes contra menores indefensos han cuestionado toda esa arquitectura hipócrita de defender y amar a los más débiles e inocentes, el Estado de Chile y sus gobernantes, de izquierda a derecha, se siguen inclinando ante sus exigencias cercenadoras de las libertades  y de la capacidad inteligente de decidir de los seres humanos.

Esto no significa estar en contra de la religión católica. Significa sólo cuestionar a quienes por siglos se han levantado como los grandes administradores  de la ética y del buen proceder, imponiéndonos su visión particular a todos, aplastando nuestro derecho, principalmente a las mujeres, a creer en lo que deseemos y a decidir por nuestra propia voluntad, mientras muchos de ellos violaban las más elementales enseñanzas de sus propios profetas. Ello ha influido fuertemente a que no contemos en Chile con una educación sexual laica, sin interferencia de dogmas y prohibiciones culposas, administradas, además, por inmerecidos servidores de Cristo.

Tenemos que volver a un Estado auténticamente laico y a una salud pública en que el concepto fundamental sea el de la obligación del Estado de proveer y dar amplio acceso a la población a todos los medios necesarios –educación, información, campañas permanentes, provisión  de preservativos, tests rápidos y gratuitos, servicios de consejería,– para que los y las jóvenes y la ciudadanía en general puedan proteger su salud sexual de manera adecuada y gozar de una sexualidad libre de culpas, libre de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados.